La ministra de Trabajo indicó que en el año la Sunafil ha desarrollado 1,000 operativos para detectar estos actos de discriminación. No obstante, las sanciones aún no llegan porque el proceso tarda un año.
La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, responsabilizó a los migrantes de Venezuela de la mayor tasa de desempleo entre los jóvenes peruanos.
De acuerdo al último reporte del INEI, en el trimestre móvil septiembre-noviembre, el desempleo entre jóvenes de 14 a 24 años cayó 9.6%. Es decir, 86,000 personas están desocupadas.
Según indicó Cáceres en entrevista con Canal N, los venezolanos en Perú desplazaron a dos tercios de estos 86,000 jóvenes desocupados.
La ministra explicó esta reducción en la población ocupada por dos factores. El primero es que un tercio de estos jóvenes han optado por estudiar y se han matriculado en un instituto o centro de estudios, por lo que no pueden trabajar.
“El segundo factor, y no podemos negar esta evidencia, es el ingreso de migrantes de Venezuela a nuestra economía, que están pugnando por colocarse en puestos laborales y desplazando a los nacionales”, señaló, en referencia a los dos tercios restantes.
Cáceres apuntó que los empleadores se aprovechan del estado de necesidad de los migrantes venezolanos y generan un escenario de discriminación salarial.
“La inspección de trabajo verifica si la persona que presta un servicio reúne el perfil necesario para ofrecerlo; y si viene un trabajador, independientemente de su nacionalidad, a decir que ha sido desplazado por una razón discriminatoria que se plasma en menores pagos, la inspección debe actuar porque se está constituyendo un acto de discriminación”, acotó.
Además, subrayó que se deben evitar estas situaciones “como el desplazamiento por razón de nacionalidad, sobre todo aprovechándose del estado de necesidad que algunos empleadores están dispuestos a desplegar”.
La ministra de Trabajo indicó que en el año la Sunafil ha desarrollado 1,000 operativos para detectar estos actos de discriminación.
No obstante, añadió, las sanciones aún no llegan porque el proceso tarda un año.
“Los procedimientos que acompañan a estas inspecciones normalmente tardan un año. La acción inspectiva tarda 30 días, pero el empleador tiene el derecho de discutir y contradecir una resolución”, anotó.
Agregó que la sanción solo constituye una multa, y que si el trabajador afectado quiere un resarcimiento debe acudir a la vía judicial.
Recopilado de Diario Gestión.