Ministra de Educación, Flor Pablo, expresó que equipo especial recorre las regiones para aplicar norma que amplía los delitos contra malos profesores. Dijo que a la vez impulsa estrategia para identificar a maestros referentes y que hasta hoy cuentan con 5000.
La ministra de Educación, Flor Pablo, informó que su sector despliega esfuerzos a nivel nacional para hacer cumplir el Decreto de Urgencia N° 019-2019, que amplia de 4 a 17 los delitos por los cuales los docentes serán inhabilitados e impedidos para ingresar o reingresar a prestar servicios en cualquier instancia del sistema educativo nacional.
Manifestó que su sector cuenta con un equipo especial que desde junio de este año recorre las regiones para asegurar la sanción contra quienes tienen sentencia efectiva, y que hace el seguimiento a más de 5 mil denuncias de casos por violencia sexual o tocamientos indebidos registrados en la plataforma virtual SiSeVe.
Dijo que además está en proceso la creación de un registro virtual donde figurarán los datos de todos los docentes y administrativos sentenciados por 17 delitos que al mismo tiempo servirá como referente para filtrar a quienes respeten la ley.
Expresó que en las Unidades de Gestión Educativa se implementan equipos itinerantes de convivencia escolar a nivel nacional conformados por psicólogos, trabajadores sociales y docentes, quienes tienen la consiga de trabajar en la prevención de la violencia escolar y la promoción de la sana convivencia en las escuelas.
Resaltó que el ministerio a la vez ha iniciado una estrategia en todas las regiones para identificar a maestros referentes. “Hemos identificado a 5 mil maestros con ayuda de las regiones que están haciendo bien su trabajo y se deben convertir en esos maestros que motiven a sus colegas”, dijo.
Sostuvo que la norma que modifica la Ley 29988, establece sancionar de manera ejemplar a todos los malos elementos implicados en delitos que atentan contra la integridad de menores de edad y que luego de ser sancionados por Estado generalmente buscan reciclarse en el sector privado.
Como se sabe, el referido decreto amplía 13 delitos: trata de personas, explotación sexual, esclavitud, homicidio doloso, parricidio, feminicidio, sicariato, secuestro extorsivo, contra la humanidad (genocidio, desaparición forzada y tortura), violación de la intimidad mediante la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, proxenetismo, la pornografía infantil, proposiciones indecentes a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos.