El Ministerio de Educación oficializó una nueva norma que regula la contratación y renovación de docentes para el año lectivo 2026, otorgando a los directores un rol determinante en la ratificación del personal contratado. La disposición fue publicada el viernes 2 de enero y ha generado rechazo entre sectores del magisterio, que advierten riesgos de discrecionalidad y posibles actos de corrupción en los procesos de evaluación.
La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 022-2025-MINEDU, publicado en el diario oficial El Peruano, y regula los procedimientos, requisitos y condiciones para la contratación y renovación de profesores en educación básica y técnico-productiva. De acuerdo con el Ministerio de Educación, la norma se enmarca en la Ley N.º 30328 y busca asegurar la continuidad del servicio educativo bajo principios de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades, según se señala en el propio documento oficial.
Según lo establecido en la norma, el proceso de contratación docente se desarrollará en tres etapas. La primera corresponde a la renovación directa del contrato de los profesores que ya mantienen vínculo laboral; la segunda se realizará en función de los resultados de la Prueba Nacional; y la tercera etapa estará basada en la evaluación de expedientes. Para este proceso, el Ministerio de Educación publicará las plazas disponibles, las cuales deberán ser validadas por las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local para obtener un consolidado final.
En relación con la renovación contractual, el decreto precisa que podrán acceder los docentes que hayan trabajado durante el año 2025 en una institución educativa, ya sea de manera anual o por un periodo mínimo de tres meses contabilizados al 31 de diciembre. Esta disposición alcanza a profesores de Educación Básica Regular, Educación Básica Especial, Educación Básica Alternativa y Educación Técnico-Productiva, conforme se detalla en la norma aprobada por el Ejecutivo.
Evaluación docente y rol central de directores en la ratificación
La evaluación del desempeño docente para efectos de la renovación estará a cargo de comités conformados en cada institución educativa. Según el decreto supremo, estos comités serán presididos por el director o subdirector del plantel e integrados por el docente nombrado de mayor escala magisterial y un representante de los padres de familia. Para lograr la ratificación del contrato, el docente deberá alcanzar un puntaje final mínimo de 2,50 puntos, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa vigente.
Asimismo, el documento establece que los docentes que no deseen someterse al proceso de evaluación podrán presentar un desistimiento formal ante la dirección de la institución educativa donde laboraron, dentro de los plazos que serán fijados en el cronograma oficial de cada Dirección Regional de Educación.
No obstante, el anuncio de la norma ha generado un marcado descontento en el gremio docente. Según manifestaron representantes de los maestros contratados, la concentración de facultades en los directores y subdirectores representa un alto riesgo, debido a antecedentes de presuntas coimas, sobornos y situaciones de acoso denunciadas en algunas instituciones educativas.
Gremio docente anuncia protestas y exige mayores garantías
De acuerdo con lo expresado por los docentes que rechazan la norma, el nuevo mecanismo de renovación podría incrementar los niveles de corrupción dentro del sistema educativo. Los manifestantes señalaron que ya se viene conformando un frente de defensa de maestros contratados con el objetivo de exigir mayores garantías de transparencia y mecanismos de control que limiten la discrecionalidad en las evaluaciones.
Los dirigentes gremiales indicaron que, ante la falta de modificaciones en la norma, no descartan la convocatoria a marchas y movilizaciones en distintas regiones del país. Según precisaron, el reclamo no se dirige contra la evaluación del desempeño, sino contra el diseño del proceso, que —según afirman— otorga un poder excesivo a las autoridades directivas sin salvaguardas suficientes para prevenir abusos o arbitrariedades.
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