El lunes 10 de febrero, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) se reunió con los alcaldes de los distritos de Mazamari, Río Tambo y Pangoa de Satipo, Junín, para coordinar una reunión con el área de gestión de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El motivo de esta reunión sería abordar el recorte que ha hecho el Ministerio de Educación (MINEDU) a los bonos de ruralidad que reciben los docentes de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de las comunidades asháninkas de las zonas Ene-Mantaro y Tambo.
Este recorte obedece al cambio de escala de ruralidad que ha hecho el MINEDU en base a los datos del Censo 2017 proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INEI); lo que afecta directamente al cumplimiento de la labor educativa de los docentes ya que percibirán hasta S/ 400 menos que utilizan para movilizarse a dichas comunidades que se encuentran alejadas de la ciudad y que carecen de servicios básicos.
Al cierre de esta nota, el MINEDU aún no ha dado una respuesta sobre esta situación a los representantes de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).
(Foto: El Peruano)
Recortes arbitrarios
La profesora Sandra Huamán Lazo, que enseña en la comunidad asháninka de Potsoteni perteneciente a la UGEL Río Tambo, declaró a Wayka que este cambio de escala fue “sorpresivo y arbitrario”.
“No fue anunciado en ningún momento. Nos enteramos la semana pasado cuando fuimos a revisar las plazas docentes de Potsoteni y nos dimos con la sorpresa de que ya estaba con [escala tipo] R2. ¿En qué momento cambió, si el año pasado, en la misma institución, estaba con R1?”, manifestó.
Como se sabe, el monto económico de los bonos de ruralidad varía según 3 escalas: El rural tipo 1 para zonas sin agua, luz ni desagüe; el tipo 2, para zonas que cuentan con algunos servicios básicos; y el tipo 3, para zonas con servicios básicos y cercanas a la ciudad. A pesar de que, según el MINEDU, el bono tipo 1 está estipulado en S/ 500, los docentes de Potsoteni solo reciben S/ 350.
“El bono era de S/ 350 nada más. Pero, aunque sea una menor cantidad, [el recorte] siempre nos va a afectar porque el traslado a la misma comunidad es caro y con ese recorte no es factible para nosotros poder trasladarnos”, señaló.
Con el cambio de escala a R2, los docentes de esa comunidad recibirán un bono de S/ 200 mensuales cuando solo el traslado a sus respectivos centros educativos demanda un gasto mensual de S/ 150 aproximadamente. Esto sin contar las veces en que deben movilizarse a la ciudad para recibir los cursos de actualización que organiza el MINEDU semanal o por quincena. “Tenemos que ir porque [en la comunidad] no hay Internet ni nada”, manifestó la profesora Huamán.
Pese a los esfuerzos para recoger los descargos del Ministerio de Educación sobre el cambio de escala del bono rural, representantes de esa institución señalaron que no declararán al respecto para esta nota.
Duras realidades
El recorte en los bonos de ruralidad a los docentes de EIB no es el único problema que deben afrontar las comunidades amazónicas. Ruth Buendía, representante de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), manifestó a Wayka que, muchas veces, las comunidades deben recurrir a la comercialización ilegal de madera para poder costear ellos mismos la construcción de los colegios y el pago de los salarios de los docentes.
“Algunas escuelas muy precarias se han construido a través de sus recursos naturales que venden ilegalmente. En 2018 hubo un paro en Atalaya sobre un caso de venta de madera ilegal que las comunidades nativas deben al gobierno, un caso tributario. Pero no se está analizando que esto es para el pago de los profesores y para poder construir la escuelita”, señaló.
Por otro lado, los materiales educativos que debe garantizar el MINEDU antes del inicio del año escolar, llegan hasta con 7 meses de retraso a las comunidades.
“Los materiales de la educación bilingüe llegan tarde. El año pasado, supuestamente en noviembre, el MINEDU transfirió a la Dirección Regional de Educación (DRE) los materiales y en enero o febrero tenían que llegar a las UGEL provinciales, pero no ocurrió. Llegaron a partir de junio, cuando en marzo o abril ya están empezando las clases”, manifestó Ruth Buendía.
Además, la docente Sandra Huamán que labora en la comunidad asháninka de Potsoteni, señaló que los profesores deben lidiar con problemas graves como la desnutrición de los alumnos y el alto grado de ausentismo escolar.
“Los padres de familia no tienen los recursos para alimentar adecuadamente a sus hijos. Además, generalmente los llevan a trabajar a las chacras ya que no pueden hacerlos llegar al colegio. No hay un padre que esté presente en la misma educación de sus hijos”, declaró Huamán para esta nota.
A pesar de esta dura realidad, ni la UGEL local ni el MINEDU dan apoyo a los profesores para que puedan cumplir adecuadamente su labor. “Estamos prácticamente aislados de ellos, el año pasado ni los especialistas de primaria llegaron a la institución” señaló la profesora Sandra Huamán.